Así es el Plan de vivienda 2016-2025 del Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona está impulsando varias medidas simultáneas para solucionar la emergencia habitacional que atraviesa la ciudad. Son varios los factores que lo provocan y, por lo tanto, hay varios frentes que atender. Con el objetivo de establecer un marco legal que los englobe a todos, se presenta el  Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025.

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Así es el Plan de vivienda 2016-2025 del Ayuntamiento de Barcelona

Este plan es el tercero de la historia de la ciudad, pero el primero que se ha redactado con la colaboración de abogados y economistas que ven la vivienda desde la perspectiva del servicio público y el derecho, y no solo como un bien material o un negocio.

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El Plan para el Derecho a la Vivienda 2016-2025

Dicho plan aborda desde las necesidades más inminentes – como la emergencia residencial o la necesidad de hacer aflorar los pisos vacíos-  a retos a medio y largo plazo como: las dificultades para pagar el alquiler, el envejecimiento de la población o la posible pérdida del parque de vivienda destinado a vivienda habitual.

Con un presupuesto municipal de 1.666,2 millones de euros, Barcelona quiere pasar del modelo de burbuja inmobiliaria a las buenas prácticas que ya se llevan a cabo en otras ciudades europeas, que básicamente consisten en: la promoción de nuevos pisos de alquiler social, hacer aflorar los pisos desocupados de manera permanente e injustificada, la rehabilitación social, la eficiencia energética y la promoción de las cooperativas de viviendas.

El gasto municipal en materia de vivienda se incrementa con este plan un 77% de media anual con respecto al periodo 2008-2015, durante el cual la inversión total del plan fue de 756 millones de euros.

Acciones concretas

El plan recoge 59 actuaciones agrupadas en cuatro grandes ejes: prevenir y atender la emergencia habitacional, garantizar el buen uso de la vivienda, ampliar el parque asequible y rehabilitar el parque actual. Y entre las cuales, destacan:

  • La creación de un observatorio de la vivienda que fijará un precio de alquiler recomendado para cada barrio con el objetivo de evitar precios abusivos.
  • Ayudas para pagar el alquiler y para la rehabilitación de viviendas.
  • Construir un total de 8.854 pisos, el 80% de los cuales se destinarán al alquiler, a lo largo de los próximos diez años.
  • Mediación en casos de impago y sanciones a los grandes tenedores de vivienda, si no ofrecen una alternativa de vivienda y garantía de realojamiento.
  • Adaptación de la vivienda y de la ciudad a las personas mayores.