El magistrado José María Fernández Seijo es un juez atípico. Al menos, para los estándares habituales. Cercano y sensible al drama social de los desahucios, llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la ley hipotecaria española para denunciar las que él consideraba cláusulas abusivas… y ganó la batalla.
No se siente abanderado de la causa, y aunque afirma que es uno entre muchos, en Api.cat creemos que su valentía y su rol activo en defensa de los derechos de los más desfavorecidos son un ejemplo en el estamento judicial.
Desde su despacho en el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, hablamos con José María Fernández Seijo de dación en pago, de bancos y de otras cosas.
Pregunta.- ¿Cómo se ve desde la posición de un juez la situación que atraviesan las familias que se han visto afectadas por una ejecución hipotecaria?
Respuesta.- Los juzgados se han convertido desgraciadamente en el último recurso para muchas familias que están en situaciones muy cercanas a la miseria. En los juzgados lo que vemos es fundamentalmente es buena gente a la que le gustaría poder cumplir con sus obligaciones, gente angustiada pero noble.
P.- ¿Cree que movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca son útiles para concienciar al poder legislativo de la necesidad de modificar el marco legal?
R.- Todos los movimientos sociales están siendo imprescindibles para doblegar la férrea política del gobierno. Es importante que se mantenga la presión social para conseguir sensibilizar al poder legislativo, el ejemplo de las mareas blancas y la retirada de la privatización de la sanidad en Madrid es un referente útil.
P.- ¿Cree, en definitiva, que la sociedad puede hacer algo realmente para incidir en el poder legislativo y financiero?
R.- Poca cosa, el poder cada vez está más lejos de la calle. Además muchas decisiones no se toman en España.
P.- ¿Se siente abanderado de la causa?
R.- No, en modo alguno, son muchos los jueces que se están “partiendo la cara” todos los días por ayudar a la gente.
P.- ¿Está a favor de la dación en pago? ¿Qué le parece que el Congreso haya rechazado la propuesta?
R.- Con algunos matices o requisitos previos creo que sería un instrumento útil para quitar presión a miles de familias. Creo que hubo muchos lobbys que presionaron al congreso para que finalmente no prosperara la iniciativa popular.
P.- ¿Qué le parece a usted que podría hacer el agente inmobiliario para mejorar la situación de estas familias y que, quizás por desconocimiento, no hace?
R.- Los agentes inmobiliarios como consecuencia de la crisis han tenido que adaptar su modo de trabajar. El mercado cada vez es más duro y los API son operadores que trabajan a pie de calle, por lo tanto es normal que estén sensibilizados y que puedan ayudar a desbloquear algunas situaciones dramáticas.
P.- ¿Le parece que en este país se ha dado mucho margen de actuación a las entidades financieras? ¿Le parece que el Gobierno está preso del poder financiero?
R.- La política financiera ya no es competencia del gobierno de un estado, sino de la Unión Europea. Han fallado los controles, ha fallado el regulador. Las entidades financieras no han hecho sino actuar en un ámbito poco controlado.
P.- ¿Nuestro ordenamiento jurídico está muy desfasado respecto a otros ordenamientos europeos en relación a esta materia?
R.- Sí. El sistema español de acceso a la propiedad de la vivienda es un atípico en Europa.
P.- ¿Algún día alcanzaremos su nivel?
R.- Europa terminará dictando normas que permitan un régimen uniforme para todos los ciudadanos de la Unión.
P.- En cuanto a política de vivienda, es difícil encontrar grandes diferencias entre los postulados de un gobierno conservador o progresista (en España, al menos). ¿Cree que hay voluntad política real para solucionar este problema?
R.– La verdad es que cuando gobernó el Partido Socialista no tuvo gran sensibilidad con estos problemas y no adoptó las medidas adecuadas; sin embargo, creo que un gobierno no conservador termina siendo más sensible a los problemas de la calle, aunque a lo mejor sufre mayores presiones para que no desarrolle políticas que sintonicen con las necesidades de la gente de a pie.
