El Parlamento Andaluz aprueba hoy una nueva ley para evitar desahucios. Tras el fiasco del anterior decreto-ley sobre función social de la vivienda, que está en estos momentos paralizado en el Tribunal Constitucional, este nuevo texto se ha aprobado gracias a los votos de PSOE-A e IULV-CA, que son socios en la Junta de Andalucía.
¿Correrá este nuevo decreto anti desahucios la misma suerte? Previsiblemente. El PP-A ya ha anunciado que, además de votar en contra, el Gobierno central acabará recurriendo de nuevo la norma en el Tribunal Constitucional, de la misma manera que hizo con el anterior decreto. Y es que durante el trámite parlamentario no se han admitido ninguna de las 82 enmiendas presentadas por el PP-A sobre esta ley.
En declaraciones a Canal Sur TV, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha señalado que aunque el Gobierno central recurrió el anterior Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, en esta ocasión podría solucionar las diferencias vía la comisión bilateral de la vivienda. Y ha recordado que esto fue exactamente lo que pasó con la ley catalana de vivienda en 2007, que se debatió en comisión bilateral, y no fue recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Como novedades más destacables de esta nueva Ley de función social de la vivienda, se encuentra la incorporación de avalistas, autónomos y familias con hipoteca puente como destinatarios de las coberturas, ya que también podrán solicitar la expropiación temporal del uso de la vivienda.
Según afirma Cortés en la entrevista, en Andalucía “hay unas 700.000 viviendas vacías, mientras que hay andaluces que demandan viviendas”. A este hecho se suma que Andalucía es una de las comunidades autónomas en las que se han producido más deshaucios. Y no es un caso aislado, existe en toda España un parque de viviendas vacías desorbitado y un número creciente de afectados por los deshaucios.
Por eso no es de extrañar que las comunidades autónomas intenten dar cobertura social a la necesidad de vivienda y que los diferentes actores del sector inmobiliario, como los API en Catalunya, se preocupen por reconducir el drama social de los desahucios. Sólo así, con la implicación de toda la sociedad, será posible conseguir que aquella familia ahora desubicada pueda recuperar su casa en Rubí o su piso en Esplugues.
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