En España aún existen alrededor de 1,7 millones de hogares que tienen calefacción central, es decir, que pagan por el consumo comunitario y no por el suyo individual. Desde hace años se está reivindicando un cambio de paradigma para que cada vecino pueda pagar por su consumo real. Estos cambios legales tenían que llegar en 2017, aunque hay dudas. ¡Te contamos los detalles en las noticias inmobiliarias de Api.cat!
¿Habrá cambios para las comunidades con calefacción central?
Las comunidades de vecinos que funcionan con calefacción central a gas, pagan el total del consumo de todas las viviendas “a escote”. Un sistema de facturación que resulta injusto, porque no representa el consumo individual de cada hogar y porque fomenta el despilfarro de energía. Además, impide que cada uno pueda decidir la temperatura de confort que desea para su piso en Barcelona, por ejemplo, ya que existe la imposibilidad de elegir de forma independiente cuánto y cuándo calentarla.
De ahí que instalar sistemas de medición individuales haya sido un reclamo de muchas comunidades que desean dejar de pagar la factura del vecino y pagar únicamente por el calor que han consumido.
En este sentido, el Parlamento Europeo dictó en 2012 una directiva de eficiencia energética que obliga a todos los edificios con instalaciones de climatización central a instalar contadores de consumo individuales.
El objetivo perseguido: que a partir del día 1 de enero del 2017 todas las comunidades afectadas se pasaran a sistemas de medición individuales.
El problema: el Real Decreto que transpone esta directiva europea (Directiva 2012/27/UE), cuya fecha prevista era junio de 2014, llega con 2 años de retraso a España y ahora peligra.
La Organización de Consumidores (OCU) denuncia que el gobierno en funciones pretende incumplir la normativa europea y eliminar la obligación de contar con sistemas de medición individual de calefacción a partir del 1 de enero de 2017. Esta decisión supondría un expediente sancionador para España por incumplimiento en materia de consumos energético.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca) declaraba en una entrevista para El Mundo, que es incomprensible que tras casi dos años de retraso, se siga insistiendo en una legislación que no cumple con las directrices europeas, además de que: “Se estaría privando a más de un millón de familias de su derecho de gestionar su propio consumo en energía y ahorrar 200 euros al año en calefacción”.
Todo apunta a que este tema no se resolverá hasta que se conforme un nuevo gobierno que apruebe la transposición de la directiva europea cuanto antes. El inconveniente es la pérdida de tiempo que eso supone para las comunidades de vecinos, que luego tendrán que correr para no ser sancionadas.
Foto: BIT Comunicació
