Los colegios de API de Barcelona y Lleida se desvinculan del Consejo General de España

Los colegios de API de Barcelona y Lleida se desvinculan del Consejo General de España
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Los colegios de API de Barcelona y Lleida se desvinculan del Consejo General de EspañaSe acabó. Desde hoy, los colegios de API de Barcelona y Lleida dan por acabada su relación con el Consejo General de Colegios de API de España, con lo que se suman al Colegio de API de Girona, que ya se desvinculó de este organismo el pasado mes de abril. Reunidos en Asamblea General Extraordinaria esta mañana, cada una de las Asambleas ha aprobado la desvinculación del órgano estatal, por lo que dejan de participar en el Consejo General y de contribuir económicamente al mantenimiento de su estructura hasta que no se firme el preceptivo convenio que regule las relaciones entre estas corporaciones, según marca la legislación de Cataluña, que a su vez es la aplicable de acuerdo al marco legal español.

Los presidentes de los colegios de API de Barcelona y Lleida, Joan Ollé y Eduard Segarra, respectivamente, coinciden en asegurar que la decisión no es oportunista ni tiene nada que ver con el momento político actual, sino que es consecuencia de la reiterada negativa mantenida a lo largo de los años del Consejo General a firmar un convenio que regule las relaciones entre cada uno de los colegios catalanes y el propio Consejo, tal y como dispone el artículo 70 de la ley de colegios profesionales catalana.

Este artículo establece que los colegios profesionales y los consejos de colegios profesionales de Cataluña son autónomos respecto a las otras entidades de la misma profesión de fuera de su ámbito territorial y que deben firmar convenios que regulen sus relaciones, basadas en los principios de colaboración y cooperación voluntarias, sin perjuicio de la labor de representación y coordinación de los consejos generales.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha reconocido la legitimidad de la demanda de los colegios de API catalanes, dado que acaba de declarar constitucional este artículo 70 ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso del Diputados en el año 2006, tras la aprobación por el Parlamento de Catalunya de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

Una demanda con historia

Desde hace más de dos años, los colegios de API de Catalunya reclaman la firma de un convenio que formalice la relación con el Consejo General, “pero un convenio bilateral, de tú a tú, en el que no exista una relación jerárquica entre las corporaciones, sino de colaboración y cooperación, según nos marca la legislación catalana”, aseguran Ollé y Segarra.

De hecho, “los colegios catalanes hemos intentado por todos los medios que el Consejo General se aviniera a la firma de un convenio, hemos adoptado acuerdos, lo hemos planteado formalmente, hemos propuesto textos, hemos estado dispuestos a consensuarlo, incluso renunciando a hacer menciones que fuesen incómodas… porque queremos estar, pero de una manera más justa. En definitiva, nuestro esfuerzo contributivo a la institución, el de los API de Cataluña, es muy importante”. Y es que los API de Barcelona, Lleida y Girona representan el 30% de API que hay en toda España y sus aportaciones económicas, si incluimos Tarragona, se sitúan en torno al 35% del presupuesto del Consejo General.

A pesar del peso específico de los API catalanes, el Consejo General de Colegios de API de España no parece compartir la misma opinión. Tanto es así que incluso llegó a interponer un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña de declaración de adecuación a la legalidad de los estatutos del Consejo de Colegios de API de Catalunya, al entender que “se entromete al Consejo autonómico catalán en la relación orgánica”, según se indica en el propio recurso.

Para los presidentes de los Colegios de API de Barcelona y de Lleida, Ollé y Segarra, existe una clara e inequívoca voluntad de no reconocimiento de la realidad legislativa catalana y del nuevo escenario que se deriva del estado de las autonomías. La polémica está servida.

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