El Ayuntamiento de Barcelona no quiere que haya pisos vacíos de larga duración y sin causa justificada en la ciudad. Por eso, se plantea imponer una tasa que penalice a los propietarios que se empeñen en mantener sus viviendas vacías. Te contamos los detalles en las noticias inmobiliarias de Api.cat
No es el primer intento del consistorio de hacer aflorar las viviendas vacías al mercado con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda. Pero tras la suspensión del Tribunal Constitucional de gran parte de las medidas recogidas en la Ley Catalana Antidesahucios, había que buscar una nueva fórmula.
Así que en el último pleno municipal antes de las vacaciones se aprobó, provisionalmente, una tasa de 633 euros que tendrán que pagar aquellos propietarios que tengan pisos vacíos durante más de dos años y sin causa justificada. La tasa servirá para costear la inspección y la tramitación de los expedientes y sanciones, que hasta el momento, asumían las arcas públicas.
No obstante, aún debe finalizar el periodo de alegaciones que se abre durante un mes desde la aprobación en el pleno municipal, que se celebró a finales del mes de julio.
¿Qué objetivo tiene la tasa de pisos vacíos?
La tasa será de carácter general y se le podrá aplicar a todo el mundo, tanto a particulares, como a entidades financieras y grandes tenedores de vivienda. No obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que está pensada para el segundo grupo, los bancos y grandes tenedores de viviendas.
El objetivo es obligarles a poner en el mercado el máximo número de viviendas posible, dada la escasez y altísima demanda de pisos de alquiler que hay en la ciudad Barcelona. Hecho que, como consecuencia, está provocando que los precios batan récords, siendo inaccesibles para una parte importante de los ciudadanos, que no tienen otra alternativa habitacional que no sea el alquiler. ¿Buscas alquilar casa en Barcelona? ¿Te está resultando complicado encontrarla?
¿En base a qué se ha fijado la cantidad de esta tasa para pisos vacíos?
Según el consistorio, 633 euros es lo que le cuesta al Ayuntamiento verificar que el piso está vacío. Pero, además, si la propiedad no corrige esta situación, se le cobrarán 286 euros por cada requerimiento nuevo. La fórmula ya se usa en otros municipios de Cataluña como Terrassa o Santa Coloma de Gramenet, y desde Barcelona en Comú aseguran que está avalada jurídicamente.