Mientras las Administraciones públicas abogan por intervenir en el mercado inmobiliario para proteger el derecho a la vivienda de los ciudadanos, los operadores del sector consideran que ciertas prácticas perjudican al mercado de transacciones inmobiliarias y distorsionan la libre competencia. Y en el peor de los momentos.
Para muestra, un botón. La Generalitat anunció en febrero un nuevo Plan para el Derecho a la Vivienda que, una vez aprobado, deberá ser vigente durante cuatro años. El nuevo texto, que en estos momentos está en fase de redacción, prioriza, según anunció el Govern, los programas sociales de acceso a la vivienda, promoviendo medidas para evitar la exclusión social residencial, así como también acciones que impulsen y reactiven sectores de actividad económica.
Según parece, en el marco de este nuevo Plan se está planteando la reforma del sistema de aval al alquiler de la Generalitat. Este sistema, que funciona desde 2008, pretendía trasladar confianza a los propietarios de inmuebles al cubrir un máximo de seis mensualidades de renta si llegado el caso debían desahuciar al inquilino por falta de pago y siempre que se hubiese ingresado la fianza obligatoria en tiempo y forma, y la renta mensual no superara determinados límites establecidos por zonas.
Si los pronósticos se cumplen, el nuevo Plan limitará la cobertura de este régimen a tres mensualidades de renta y se reducirán significativamente las rentas máximas, salvo que las viviendas sean comercializadas por las bolsas públicas de alguna de las oficinas locales de vivienda que existen Cataluña.
Según Joan Ollé, presidente del colectivo API en Cataluña, esta práctica podría considerarse como competencia desleal. “No hay mejor bolsa que la que pueden mediar los agentes inmobiliarios regulados en Cataluña, más de seis mil establecimientos abiertos al público, homologados por la propia Generalitat“, asegura convencido Ollé. Y continúa: “Lo más preocupante, sin embargo, es que todo este tramado de oficinas locales de vivienda supone un gasto fijo totalmente ineficiente para la Administración pública, puesto que al frente de estos organismos trabajan personas que no son profesionales inmobiliarios y que, obviamente, no acreditan sus honorarios por éxito, como lo hacemos nosotros, sino que cuestan dinero a los ciudadanos sea su trabajo efectivo o no, invadiendo además competencias profesionales que les son totalmente ajenas”.
Ciertamente, en los últimos años los ayuntamientos, a través de las oficinas locales de vivienda, han ejercido una tarea que tradicionalmente ha sido propia de los agentes inmobiliarios. En este sentido, los API denuncian que estos organismos en algunos casos subvencionan – en otros, ayudan – a los propietarios de inmuebles que ofrecen su vivienda en alquiler a través de alguno de estos organismos.
Todo el sector está de acuerdo en que una de las funciones de las Administraciones públicas debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias más desfavorecidas, pero eso no se reduce a la creación de vivienda social u oficinas locales de vivienda “ni tampoco es deseable que así sea”, afirma rotundamente Ollé.
“Las famosas “viviendas sociales” se han construido a raudales sin que exista una correlación entre la demanda de vivienda y su ubicación, lo que ha provocado que en diferentes puntos de Cataluña podamos encontrar promociones de “vivienda social” vacías , porque no tienen potenciales clientes. ¿Tiene sentido eso? Creemos que sería mejor incentivar la iniciativa privada, preocuparnos de que el mercado funciona con normalidad y, eso sí, garantizar que todas las familias pueden acceder a una vivienda. Los gobiernos no deben proteger la vivienda sino proteger las familias, especialmente a aquellas más vulnerables, y eso no es en ningún caso competencia del departamento de vivienda de ningún gobierno”, asevera el presidente de los API en Cataluña.
